1. Grossman S.E. (Sabrina)

Aquí hay un plan de acción concreto para el pilar de la prevención, formulado como base para una nota del consejo municipal. Este plan tiende un puente entre los textos abstractos del Convenio de Estambul y la práctica diaria en el barrio.

Prevención de la violencia (de conformidad con el Convenio de Estambul)

Objetivo: prevenir la violencia de género y la violencia doméstica abordando sus raíces: normas perjudiciales, falta de conocimiento y no reconocimiento de las señales.

Punto de acción 1: El «barrio pacífico» y la educación

• Medida: Ampliar el programa de la Escuela Pacífica a todo el barrio. Centrarse específicamente en la igualdad de género y la integridad física.
• Ejecución: Talleres en las escuelas sobre «Relaciones saludables» y «Límites en línea» (sexting/shaming).
• Base jurídica: Convenio de Estambul, art. 14 (Educación) y Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, art. 29.

Punto de acción 2: Formación de la «primera línea»

• Medida: Formación obligatoria para todos los profesionales municipales (equipos de barrio, asesores de deuda, consultores de la Ley de Apoyo Social) en el reconocimiento del control coercitivo (terror íntimo).
• Enfoque: Reconocer no solo la violencia física, sino también la opresión psicológica y económica (por ejemplo, los agresores que controlan la tarjeta bancaria de la víctima).
• Base jurídica: Convenio de Estambul, art. 15 (Formación de profesionales).

Punto de acción 3: Campaña local de sensibilización «No es culpa tuya»

• Medida: Una campaña municipal continua que rompa la vergüenza de las víctimas y responsabilice al agresor.
• Objetivo: Utilizar modelos locales a seguir (entrenadores deportivos, líderes comunitarios, empresarios) para hablar sobre el respeto y romper los estereotipos de las relaciones entre hombres y mujeres.
• Base jurídica: Convenio de Estambul, art. 13 (Sensibilización).

Punto de acción 4: Espacio público seguro (auditoría de género)

• Medida: Realizar «paseos de seguridad» con los residentes para identificar los lugares inseguros (túneles mal iluminados, parques).
• Acción: Adaptación inmediata de la iluminación y el diseño del espacio público para reducir el acoso callejero.
• Base jurídica: Convenio de Estambul, art. 17 (Participación del sector privado y los medios de comunicación/espacio público). 

La prevención no es un gasto, sino una inversión en la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes. En consonancia con el Convenio de Estambul (art. 12), este municipio se compromete a promover cambios en los patrones de comportamiento social y cultural. Ya no aceptamos que la violencia se quede «detrás de la puerta de casa»; llevamos la solución al primer plano, centrándonos en la educación y la detección temprana.

La prevención no solo tiene que ver con la seguridad, sino también con el derecho a una vida independiente y digna.

Plan de acción: Prevención integral y seguridad inclusiva

Visión: La prevención de la violencia comienza con el fortalecimiento de la autonomía del individuo y la eliminación de la desigualdad estructural en el barrio.

1. Educación: Resiliencia e igualdad desde la base

Acción: Integración estructural de los principios de la Escuela Pacífica en la educación local y el trabajo con jóvenes, con módulos específicos sobre la igualdad de género y la integridad física de las personas con discapacidad.

• Garantía jurídica: * Convenio de Estambul, art. 14: Educación sobre la igualdad.
• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 8: Lucha contra los estereotipos y los prejuicios.
• Constitución, art. 23: La atención del gobierno a la educación.

2. Formación: Reconocimiento del control coercitivo y la dependencia

• Acción: Se forma a los profesionales (equipos de barrio, cuidadores) para que reconozcan las señales de violencia en grupos específicamente vulnerables. Se presta especial atención a la relación de dependencia en las personas con discapacidad (por ejemplo, el cuidador como agresor).
• Garantía jurídica: * Convenio de Estambul, art. 15: Formación especializada para profesionales.
• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 16: Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
• Constitución, art. 11: Derecho a la inviolabilidad del cuerpo.

3. Ayuda accesible: el barrio «sin barreras»

• Acción: en cada distrito se creará un centro de información físico (tal y como se menciona en el programa «Ieder Mens Telt» [Cada persona cuenta]) que será totalmente accesible. La información sobre la violencia y la asistencia debe estar disponible en un lenguaje sencillo (lenguaje coloquial), en braille y a través de intérpretes de lengua de signos.
• Garantía jurídica: * Convenio de Estambul, art. 13: Sensibilización a través de información accesible.
• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 9: Accesibilidad como condición básica para la participación.
• Constitución, art. 1: Igualdad de trato y no discriminación.

4. Vivienda segura: el derecho a la vivienda como prevención

• Acción: Introducir un protocolo «Stay Safe» por el que, en caso de violencia inminente, no sea la víctima, sino el agresor, quien sea expulsado inmediatamente de la vivienda (prohibición de acceso a la vivienda). Esto evita que las víctimas pierdan su entorno social y su vivienda.
• Garantía jurídica: Convenio de Estambul, art. 52 y 53: prohibición de acceso al domicilio y órdenes de protección.
• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 19: derecho a vivir de forma independiente y formar parte de la comunidad.
• Constitución, art. 10: derecho al respeto de la vida privada. 

En este municipio, todas las personas cuentan. La prevención de la violencia no es un favor, sino un deber fundamental que se deriva de nuestra Constitución y de tratados internacionales como el de Estambul y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Optamos por un enfoque proactivo en el que reducimos las barreras para obtener ayuda y garantizamos la seguridad en el propio entorno doméstico. Nuestra política se basa en el principio: nada sobre nosotros sin nosotros. Protegemos la autonomía de la víctima y abordamos las causas de la violencia desde la raíz.

Por definición, cada municipio podría empezar por aprobar una moción de «declaración» en el consejo:

Moción: La seguridad es un derecho fundamental – Implementación del Convenio de Estambul

El consejo municipal

Considerando que:

• El Convenio de Estambul obliga al municipio a adoptar un enfoque integral contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica;
• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que toda persona tiene derecho a una vida independiente y a la protección contra la explotación y la violencia;
• Las víctimas de violencia doméstica se ven a menudo obligadas a abandonar su hogar y su entorno social, mientras que el agresor permanece en la vivienda.

Considerando que:

• Los artículos 10 y 11 de la Constitución protegen la intimidad y la integridad física;
• La seguridad y la seguridad de subsistencia están indisolublemente ligadas;
• La prevención eficaz solo tiene éxito si la ayuda es accesible, inclusiva y está disponible en un lenguaje comprensible para los legos en la materia.

Declara que:

• La autonomía de la víctima es fundamental: en los casos de violencia doméstica, la atención debe centrarse en expulsar al agresor del hogar (prohibición de acceso al domicilio), en lugar de desarraigar a la víctima y a los posibles hijos.
• La inclusión es la norma: los programas de prevención y los centros de información deben ser totalmente accesibles para las personas con discapacidad, de acuerdo con el principio «Nada sobre nosotros sin nosotros».
• Se enseña la no violencia: los principios de la Escuela Pacífica y la comunicación no violenta (basados en el modelo del King Center) deben convertirse en la norma en la política municipal de juventud y educación.

Y solicita al gobierno municipal que:

• En un plazo de seis meses, presente un plan de acción concreto «Estambul en el barrio», en el que se incorporen los principios anteriores en las cadenas locales de atención y seguridad.
• Involucre activamente a expertos con experiencia y los valore como profesionales en igualdad de condiciones.

Y pasa al orden del día.

El lado oscuro de la asistencia sanitaria: los «cowboys de la asistencia sanitaria» y sus prácticas

El término «cowboy de la asistencia sanitaria» se utiliza coloquialmente para referirse a los proveedores de asistencia sanitaria que anteponen el afán de lucro al bienestar del cliente. Abusan de la complejidad, las estructuras de financiación (como el PGB y los contratos de asistencia sanitaria) y la vulnerabilidad de sus clientes.

Lo que hacen los cowboys de la asistencia sanitaria: la cruda realidad

Las prácticas de estos proveedores de asistencia sanitaria sin escrúpulos son graves y dejan profundas cicatrices. Entre ellas se incluyen:

• Fraude y explotación: la declaración sistemática e indebida de horas, asistencia o recursos que no se han prestado, la creación de estructuras ficticias y el estafar a clientes (a menudo vulnerables) para su propio beneficio.
• Negligencia y maltrato: la prestación de cuidados inadecuados o incluso perjudiciales, incluida la negligencia grave (física, emocional, higiénica) y, en los casos más extremos, el maltrato físico o psicológico de clientes, incluidos niños y personas con discapacidad.
• Intimidación y aislamiento: intimidar y presionar a los clientes, a sus familiares o a sus representantes legales para evitar quejas o para mantener las estructuras ficticias. Esto suele conducir al aislamiento social del cliente, lo que hace que los abusos permanezcan ocultos durante más tiempo.
• Aprovechamiento de la vulnerabilidad: centrarse específicamente en clientes que, debido a su enfermedad, edad o posición, tienen dificultades para expresar sus quejas o defender sus intereses.

El término «cowboy de la asistencia sanitaria» se queda corto: un eufemismo para un delito grave

Es fundamental señalar que el término «cowboy de la asistencia sanitaria» no refleja la gravedad de los hechos.

El término evoca imágenes de personas descaradas, pero quizás valientes o emprendedoras, que se mueven al límite. Es un eufemismo que oculta la verdadera naturaleza de los delitos. Los actos descritos anteriormente, el fraude sistemático, el abandono, el maltrato y la explotación, son delitos graves que pertenecen al ámbito de la delincuencia organizada o la violencia, y no a la inocente «mentalidad de cowboy».

El uso del término «vaquero sanitario» pone involuntariamente el énfasis en un espíritu emprendedor «salvaje», cuando en realidad se trata de la explotación criminal de los más vulnerables de la sociedad. Estas prácticas socavan la confianza en todo el sector sanitario.

El sistema sanitario como «salvaje oeste»: inseguridad estructural

El término «vaquero sanitario» sugiere que el problema radica en unas pocas manzanas podridas. Sin embargo, los problemas estructurales del sistema sanitario y de las políticas crean un entorno más parecido al «salvaje oeste», en el que las personas vulnerables quedan desprotegidas. Las causas de ello son:

1. Falta de sanciones y medidas coercitivas adecuadas

Para los autores de fraudes graves y malos tratos en el sector sanitario, las sanciones suelen ser desproporcionadas en relación con la gravedad de los delitos y el impacto en las víctimas.

• Sanciones leves: el fraude financiero suele resolverse con la recuperación de fondos o una multa administrativa, mientras que los autores pueden simplemente crear un nuevo centro asistencial en otro lugar.
• Complejidad jurídica: demostrar la intención en casos de maltrato o negligencia grave en un entorno asistencial es jurídicamente complejo, por lo que los autores suelen salir impunes o recibir penas leves.

2. Acceso imposible a la justicia para los clientes vulnerables

El acceso a la justicia y a los procedimientos de reclamación suele ser imposible para los clientes, especialmente para aquellos con discapacidad.

• Dependencia: Los clientes dependen completamente del proveedor de cuidados, lo que hace que el umbral para presentar una reclamación sea extremadamente alto por miedo a represalias o a perder la asistencia.
• Barreras legales: llevar a cabo procedimientos requiere experiencia, perseverancia y recursos financieros que las personas vulnerables o sus familiares a menudo no poseen.

3. Control y aplicación deficientes de las medidas

A pesar de la existencia de la Inspección de Sanidad y Juventud (IGJ), la supervisión y la aplicación de las medidas suelen ser insuficientes o demasiado lentas.

• Inspección ineficaz: Aunque la IGJ puede intervenir, se conocen casos persistentes en los que los proveedores de asistencia sanitaria, a pesar de los informes de inspección negativos y la suspensión de la financiación, continúan con sus prácticas en otra ubicación o bajo otro nombre.
• Fragmentación de la supervisión: La distribución de la supervisión entre los municipios (Wmo/Jeugd), las aseguradoras de salud (Zvw) y la IGJ da lugar a lagunas en el control, lo que permite que los proveedores fraudulentos se escapen por las rendijas del sistema.

Conclusión: La vulnerabilidad de los niños y las personas con discapacidad en el sistema sanitario no es un incidente aislado, sino una deficiencia sistémica. El sistema, que se basa demasiado en el funcionamiento del mercado (mal controlado) y demasiado poco en una protección sólida, la aplicación de la ley y sanciones adecuadas, fracasa en su tarea principal: ofrecer una asistencia segura y digna.

Es hora de sustituir el término «vaquero sanitario» por los hechos concretos: delincuentes sanitarios y explotación, y de transformar el «Salvaje Oeste» del sistema sanitario en un entorno seguro y controlado.

La palabra «abuso»

La palabra «abuso» es un término compuesto que se refiere literalmente a una «situación incorrecta». Describe una situación que no es correcta y se desvía de la norma. En la práctica, el término se utiliza a menudo para referirse a problemas estructurales, como errores, irregularidades o situaciones indeseables dentro de una organización o sistema. Abarca una amplia gama de problemas, desde errores administrativos hasta casos graves de negligencia.

La brecha entre el significado y la percepción

La percepción de la palabra «misstand» a menudo se desvía de su significado literal. Aunque el significado literal sugiere algo así como «situación indeseable», la palabra suele evocar una sensación de gravedad, negligencia o incluso mala conducta intencionada. Esto se debe a que la palabra se utiliza a menudo en el contexto de escándalos, como en el sector sanitario, el sector financiero o la administración pública. Esta asociación ha dado a la palabra una connotación más grave de lo que sugiere su significado literal.

• Significado literal: una desviación de una situación deseada.
• Percepción general: un error o irregularidad grave, a menudo estructural, que implica negligencia o comportamiento poco ético.

Por lo tanto, la percepción tiene una carga más pesada que el significado literal, lo que puede dar lugar a ambigüedad.

Ventajas y desventajas del término

El término «misstand» probablemente surgió de la necesidad de describir con una sola palabra una situación compleja, a menudo estructural. Es un término fácil de usar en los medios de comunicación y en los debates políticos, ya que comunica de forma directa y clara que hay un problema.

Sin embargo, esta facilidad tiene un inconveniente: puede llevar a minimizar la gravedad de la situación. Si un acto deliberado y grave, como el maltrato infantil, se califica de «maltrato», se puede ocultar la gravedad del acto. La palabra también se puede utilizar como eufemismo para evitar la autoría directa, centrándose en un sistema defectuoso en lugar de en la responsabilidad individual.

Por lo tanto, se puede cuestionar la utilidad del significado literal a la hora de resolver problemas. Si queremos abordar un problema, debemos llamarlo por su nombre. Un acto deliberado de naturaleza grave, como no proporcionar la atención necesaria, no es simplemente una «injusticia», sino negligencia o delito.

Repercusión social y soluciones

El impacto social del uso de la palabra «mala práctica» es que la sociedad tiende a considerar menos grave un problema, ya que la palabra en sí es menos directa que «maltrato», «fraude» o «negligencia». Esto puede deberse a la palabra en sí, pero también a la tendencia social a normalizar los escándalos. Podemos preguntarnos si no deberíamos desarrollar una nueva terminología más precisa que sea igual de fácil de pronunciar, pero que refleje mejor la gravedad de la situación.

Quizás deberíamos reservar el término «abuso» para situaciones que sean realmente sistémicas e involuntarias, y utilizar otro término más directo para los actos graves e intencionados. Esto haría que los autores fueran más responsables y aclararía la gravedad de la situación a la sociedad.

Control real sobre la propia asistencia (PGB)

El control propio significa que tú estás al mando de tu propia vida. Como líder de la AAA, prometo que eliminaremos las barreras e invertiremos en el poder del titular del presupuesto. Tu asistencia, tu elección, nuestra prioridad.

«La asistencia es personalizada, no es igual para todos. El residente decide».
El 18 de marzo de 2026 decidiremos cómo gestionará nuestro municipio la asistencia y los cuidados. Para la AAA, el presupuesto personalizado (PGB) no es una «partida residual», sino un instrumento esencial para la libertad. No me arrodillo ante la burocracia, sino que defiendo la dimensión humana.
Mis prioridades para una política sólida en materia de PGB:

• El PGB como opción equivalente: en nuestro municipio, el PGB nunca debe ser una opción de segunda clase. Quiero que se informe a los residentes de forma proactiva y honesta sobre la elección entre la asistencia en especie y un PGB, sin que el municipio se decante por la solución más barata.
• Acabar con la arbitrariedad: deben desaparecer las grandes diferencias entre municipios. Abogo por unas normas claras y transparentes y un proceso de solicitud sin obstáculos innecesarios. Una denegación nunca debe realizarse sin una justificación fundamentada y detallada.
• Tarifas adecuadas y justas: una buena asistencia sanitaria cuesta dinero. Abogo por unas tarifas PGB que realmente aumenten con la inflación (indexación). Vamos a trabajar con las directrices desarrolladas a nivel nacional para garantizar que usted, como gestor del presupuesto, pueda pagar a sus proveedores de asistencia sanitaria un salario justo y acorde con el mercado.
• La personalización es la norma: las prestaciones generales están muy bien, pero nunca deben servir de excusa para denegar la personalización necesaria. Quien necesite una ayuda específica, debe poder adquirirla de forma específica.